25/7/2009
TELAM
El legislador porteño de Proyecto Sur, Rafael Gentili, denunció que el gobierno de Mauricio Macri autorizó la compra a la firma de uno de los sospechosos en la pista siria que se investiga por el atentado terrorista a la mutual judía.
El legislador electo por la Ciudad de Proyecto Sur, Rafael Gentili, denunció que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó la compra de uniformes, para la nueva Policía Metropolitana, a la firma de uno de los sospechosos en la pista siria que se investiga por el atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Gentili dijo a Télam que el gobierno de la ciudad autorizo la compra de uniformes a la firma de Kanoore Edul, pero señaló eso no indica “un grado de complicidad, sino de inoperancia” por parte del gobierno de Mauricio Macri.
“Kanoore Edul es el personaje que Palacios se encargó de encubrir en la pista siria y que fue probado en la investigación”, sostuvo Gentili.
Recordó que “está comprobado que ocho días antes del atentado llamó por teléfono a Carlos Telleldín (el reducidor de autos)” y que “el volquete que estuvo frente a la AMIA pasó por sus depósitos antes”.
Alberto Jacinto Kanoore Edul, conocido como Albertito, es hijo de Alberto Kanoore Edul y figura como sospechoso en la causa desde los primeros días del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.
Gentili refirió que en la investigación hecha por el fiscal Alberto Nisman, quedó demostrado que “Palacios advirtió unas horas antes a Alberto Kanoore Edul que su depósito iba a ser allanado”.
Para Gentili, la contratación de la empresa textil se efectuó a fin del año pasado “cuando ya Palacios asesoraba a Montenegro en cuestiones de seguridad”.
El legislador por Buenos Aires para Todos, y que integra el frente Proyecto Sur, se lamentó de que “mientras siga impune el atentado no hay impedimento legal” para que esta contratación se realice.
“Si estuviera en lugar de Montenegro, me temblaría el pulso al firmar esto, me da escalofrío”, confesó.
El designado jefe de la Policía porteña fue acusado por el fiscal Nisman en la causa por el atentado a la AMIA de “incumplimiento de deberes de funcionario público” al considerar que “existen suficientes elementos en el juicio para dictar el procesamiento”.
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